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AGE - Administración General del Estado

UGT denuncia el incumplimiento de la Seguridad Social de atender presencialmente y sin cita previa a los usuarios vulnerables

Desde nuestro Sindicato se ha enviado un requerimiento al Instituto Nacional de la Seguridad Social y a la Tesorería General de la Seguridad Social para que cumplan la Ley y atiendan a mayores de 65 años sin cita previa y han reclamado que se amplíe a otros colectivos, especialmente, a los afectados por la brecha digital.

El 26 de mayo de 2022 se publicó en el BOE la Orden PCM/466/2022, de 25 de mayo, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 24 de mayo de 2022, por el que se aprueba el plan de medidas de ahorro y eficiencia energética de la Administración General del Estado y las entidades del sector público institucional estatal.

En dicha orden se expresa que el Ministerio de Hacienda y Función Pública reforzará la atención presencial en las oficinas de la Administración General del Estado y del sector público institucional estatal en las que será preferente la atención a las personas mayores de 65 años, sin necesidad de cita previa, mediante la elaboración de Planes de refuerzo de la atención presencial.

Podemos afirmar que, a fecha de hoy, si una persona de más de 65 años se dirige a una oficina de la Tesorería de la SS, o del INSS (dependientes de la Administración General del Estado), se encontrará con la puerta cerrada, y se le indicará que tiene que pedir cita previa (en el caso del INSS) o concertada (En el caso de la TGSS, previa petición telemática explicando el motivo, y a criterio de la administración)

Ante ello, además de pedir que se cumpla la Ley, hemos solicitado que se refuerce la atención presencial en general en las oficinas dependientes de la Administración General del Estado a más colectivos.

Un saludo ugetista

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Nuevos procedimientos para la gestión de las bajas médicas

Hoy 5 de enero se ha publicado en BOE el Real Decreto 1060/2022, de 27 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 625/2014, de 18 de julio, en base al cual se regulan determinados aspectos de la gestión y control de los procesos por incapacidad temporal en los primeros trescientos sesenta y cinco días de su duración.

Desde UGT-Servicios Públicos destacamos las principales novedades sobre la gestión y control de los procesos por incapacidad temporal en los primeros trescientos sesenta y cinco días de su duración:

  1. A partir del uno de abril el facultativo que expida el parte médico de baja, confirmación o alta entregará a la persona trabajadora una copia de este, sin embargo ahora, además, el servicio público de salud o la mutua remitirá los datos contenidos en los partes de baja, confirmación o alta al INSS por vía telemática, bien de manera inmediata o al día hábil siguiente al de su expedición. A su vez el INSS comunicará a las empresas los datos identificativos de carácter meramente administrativo relativos a los partes médicos de baja, confirmación o alta referidos a sus personas trabajadoras.
  2. Los partes de baja y de confirmación de la baja se extenderán en función del periodo de duración que estime el médico que los emite. A estos efectos se establecen cuatro grupos de procesos:
    1. En los procesos de duración estimada inferior a cinco días naturales, el facultativo del servicio público de salud, o de la empresa colaboradora o de la mutua, emitirá el parte de baja y el parte de alta en el mismo acto médico. El facultativo, en función de cuando prevea que la persona trabajadora va a recuperar su capacidad laboral, consignará en el parte la fecha del alta, que podrá ser la misma que la de la baja o cualquiera de los tres días naturales siguientes a esta. No obstante, la persona trabajadora podrá solicitar que se le realice un reconocimiento médico el día que se haya fijado como fecha de alta, y el facultativo podrá emitir el parte de confirmación de la baja si considerase que la persona trabajadora no ha recuperado su capacidad laboral.
    2. En los procesos de duración estimada de entre cinco y treinta días naturales, el facultativo del servicio público de salud, o de la empresa colaboradora o de la mutua, emitirá el parte de baja consignando en el mismo la fecha de la revisión médica prevista que, en ningún caso, excederá en más de siete días naturales a la fecha de baja inicial. En la fecha de revisión se extenderá el parte de alta o, en caso de permanecer la incapacidad, el parte de confirmación de la baja. Después de este primer parte de confirmación, los sucesivos, cuando sean necesarios, no podrán emitirse con una diferencia de más de catorce días naturales entre sí.
    3. En los procesos de duración estimada de entre treinta y uno y sesenta días naturales, el facultativo del servicio público de salud, o de la empresa colaboradora o de la mutua, emitirá el parte de baja consignando en el mismo la fecha de la revisión médica prevista que, en ningún caso, excederá en más de siete días naturales a la fecha de baja inicial, expidiéndose entonces el parte de alta o, en su caso, el correspondiente parte de confirmación de la baja. Después de este primer parte de confirmación, los sucesivos, cuando sean necesarios, no podrán emitirse con una diferencia de más de veintiocho días naturales entre sí.
    4. En los procesos de duración estimada de sesenta y uno o más días naturales, el facultativo del servicio público de salud, o de la empresa colaboradora o de la mutua, emitirá el parte de baja, en el que fijará la fecha de la revisión médica prevista, la cual en ningún caso excederá en más de catorce días naturales a la fecha de baja inicial, expidiéndose entonces el parte de alta o, en su caso, el correspondiente parte de confirmación de la baja. Después de este primer parte de confirmación, los sucesivos, cuando sean necesarios, no podrán emitirse con una diferencia de más de treinta y cinco días naturales entre sí.

En cualquiera de los procesos contemplados en este apartado, el facultativo del servicio público de salud, de la empresa colaboradora o de la mutua podrá fijar la correspondiente revisión médica en un período inferior al indicado en cada caso.

Desde UGT-Servicios Públicos igualmente aclaramos que cuando la propuesta de alta formulada por una mutua no fuese resuelta y notificada en el plazo de cinco días establecido en el apartado anterior, la mutua podrá solicitar el alta al Instituto Nacional de la Seguridad Social o, en su caso, al Instituto Social de la Marina, de acuerdo con las competencias previstas en el artículo 170.1 y en el apartado 4 de la disposición adicional primera del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre. La entidad gestora resolverá en el plazo de cuatro días siguientes a su recepción, efectuando las comunicaciones previstas en el artículo 7.4. El Instituto Nacional de la Seguridad Social y, en su caso, el Instituto Social de la Marina, realizarán el seguimiento del comportamiento del nuevo procedimiento de gestión y control de los procesos por incapacidad temporal. Asimismo, ambas entidades realizarán el seguimiento del grado de motivación clínica de las propuestas de alta de las mutuas y de respuesta de la inspección médica de los servicios públicos de salud o del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, así como el grado de cumplimiento de los plazos de las distintas entidades en lo que se refiere a las propuestas de alta. En caso de que se detectasen retrasos significativos, se propondrán medidas adicionales que aseguren que el procedimiento se desarrolle con el necesario grado de celeridad.

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Acuerdo con el Gobierno y subida salarial

La obligación de UGT es asegurar que tres millones de empleados públicos puedan paliar el efecto de la inflación en su economía

El personal de las Administraciones sumará una subida salarial de 9,5 puntos entre 2022 y 2024

UGT pone en valor un acuerdo que recupera los derechos perdidos y construye la Administración para el siglo XXI

UGT Servicios Públicos da el visto bueno al acuerdo con el Gobierno que fija, en materia salarial, una subida del 9,5% entre 2022 y 2024. El sindicato señala que la subida que proporciona el acuerdo amortigua, de manera razonablemente realista, los efectos de la subida de la inflación en el poder de compra de los casi tres millones de empleados públicos de nuestro país.

Al término de la reunión de la Mesa del Diálogo Social, Isabel Araque, secretaria de Acción Sindical de UGT Servicios Públicos, ha declarado que “UGT apoya este acuerdo desde la coherencia, el realismo y la responsabilidad que nos caracteriza. Un texto que pone en alza la importancia de la negociación colectiva para lograr acuerdos que mejoren la vida de los trabajadores y la ciudadanía en general. Por primera vez en un periodo de crisis, los empleados públicos tendremos un incremento salarial, en vez de sufrir recortes en derechos y nuestros sueldos”. Según recoge el acuerdo, el Gobierno plantea una subida salarial máxima del 9,5% entre 2022 y 2024, cuyas cifras se distribuirían en tres años de la manera siguiente:

2022: un incremento del 1,5% consolidable, sobre el 2% inicial fijado en los Presupuestos Generales del Estado para este año. La subida tendría carácter retroactivo desde enero y se abonaría en una paga adicional antes de que acabe el año.

2023: subida fija del 2,5%, más dos subidas variables de 0,5% cada una. La primera operaría si el IPC armonizo de 2022 y 2023 supera el 6% - correspondiente a la suma del incremento salarial previsto inicialmente para estos dos años-, tendría carácter retroactivo, consolidable y se haría efectiva en octubre de 2023. La segunda se cobraría si el PIB nominal en 2023 llega al 5,9%.

2024: aumento fijo del 2% más un 0,5% variable que se cobraría si el IPC armonizado de 2022, 2023 y 2024 supera el 8%. Se cobraría con carácter retroactivo y es consolidable.

El texto también incluye cuestiones importantes para mejorar la situación laboral de los empleados públicos, como son percepción íntegra del salario en las situaciones de Incapacidad Temporal; la aplicación de la clasificación profesional y desarrollo del grupo B dentro de las Administraciones; la negociación de la jornada de 35 horas o inferior y regularización de las condiciones del personal laboral en el exterior (PLEX).

El acuerdo incorpora reivindicaciones hechas por UGT, encaminadas a alcanzar un empleo de calidad e impulsar el rejuvenecimiento del personal de las Administraciones. Entre ellas, la recuperación de la jubilación parcial anticipada de los funcionarios públicos. El acuerdo rescataría la redacción original del artículo 67 del Estatuto Básico del Empleado Público (letra d del apartado 1), que alude a esta modalidad dentro de las Administraciones. También se recupera el carácter de mínimos de los permisos y vacaciones en la negociación colectiva.

UGT ha expresado reiteradamente al Gobierno su preocupación por la falta de negociación de planes de igualdad en las Administraciones públicas. Hasta la fecha, sólo seis comunidades autónomas cuentan con uno. En este sentido, el Ministerio propone que se constituya la Comisión de Igualdad para impulsar la obligación de negociar planes de igualdad dentro de las Administraciones públicas, según establece el EBEP.

Se recoge la flexibilización de la promoción interna y la revisión de los procesos selectivos.

El acuerdo derogará los aspectos lesivos del RDL 20/2012 y, además, impulsa la tramitación de la Ley de Función Pública de la Administración General del Estado; la puesta en marcha efectiva del teletrabajo, así como la necesaria actualización de la clasificación de los centros penitenciarios del país.

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UGT Exige ampliación de plantilla AGE en Canarias

UGT-SP lamenta que el Gobierno de Canarias sea cómplice del caos de la Seguridad Social en las Islas.

Canarias solo dispone de 388 funcionarios/as para atender a más de dos millones de ciudadanos y ciudadanas.

Desde UGT Servicios Públicos de Canarias no se entiende la actitud del Gobierno de Canarias al no tomar medidas más contundentes de cara a exigir al Estado la ampliación de la plantilla que la Administración General del Estado (AGE) tiene actualmente en las Islas. “Urge una actuación más directa, más clara, no entendemos esta complicidad entre el Ejecutivo regional y el nacional. Lo único que queda claro es que desconocen las cifras actuales de la AGE en Canarias”, denuncia Francisco Bautista, secretario general de UGTSP Canarias. Tal y como se ha venido denunciando por parte de este sector, actualmente el personal destinado a atender servicios tales como la Ingreso Mínimo Vital es tan solo de 388 efectivos para una población que supera ya los 2 millones. Una situación que está provocando que las oficinas correspondientes se vean colapsadas generando colas de madrugada y retrasos acumulados de expedientes que llegan a superar el año. “A nuestro entender esta situación es ya insostenible para el personal y para los canarios y canarias, estamos hablando de prestaciones básicas como la viudedad, jubilaciones, determinaciones de contingencia, ejecuciones de sentencias o revisiones de incapacidad ayudas imprescindibles ya de por sí, pero mucho más ahora ante la actual situación económica”, puntualiza Bautista.

En las provincias canarias existe un déficit de plantilla, desde hace décadas, que supone un 50% menos de media que cualquier provincia española de idéntica población a la nuestra. Ante esta situación de agravio comparativo desde SP-UGT Canarias fue presentada un PNL que fue aprobada por todos los grupos parlamentarios en la que se reconocía la actual situación y la necesidad de tomar, con carácter de urgencia, las siguientes medidas. 

  • El parlamento aprobó que se crearan listas para poder contratar de inmediato personal interino. 
  • La reserva de un cupo de plazas en la Oferta de Empleo Público para Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, como la que se adoptó por el Gobierno de José Luís Rguez. Zapatero, para paliar el déficit permanente de plantillas. 
  • La creación de unas listas de interinos para la Seguridad Social que posibilite cubrir vacantes mientas se concretan con la oferta de empleo público 

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Transferencia de la competencia sobre costas del gobierno central a la comunidad

UGT-SP de Canarias exige una explicación sobre el futuro de los empleados/as de costas

Desde principios de este año 2022 se han estado publicando informaciones referentes al proceso de negociación entre el Gobierno de Canarias y el Ejecutivo central para acordar la transferencia de parte de las competencias, recursos y personal en materia de Costas.

Durante todo este proceso la información trasladada al conjunto de trabajadores afectados, así como a su representación sindical, ha sido totalmente insuficiente.

En las pocas ocasiones que los representantes de las dos administraciones se han dirigido a los trabajadores o han dado audiencia a representantes sindicales de éstos ha quedada de manifiesto que la problemática, que esta transferencia pueda ocasionar al personal destinado en la demarcación de costas, es secundaria respecto a los problemas económicos, de instalaciones o el encuadramiento legal, limitándose a señalar que la transferencia es del 27% , porcentaje que será transferido de la plantilla actual de la demarcación de costas en Canarias.

Más allá de las disputas que pueda haber entre administraciones a la hora de concretar las condiciones del traspaso de competencias, el que el destino profesional de los empleados públicos afectados sea un debate secundario frente al mobiliario de oficina o los vehículos transferidos, lleva a estos empleados a la desafección y al malestar de sentirse olvidados por las administraciones, sabiendo que es precisamente el trabajo de estos empleados el aspecto fundamental de la vigilancia del medio costero, materia sobre la que teóricamente se debe estar debatiendo.

En cuanto a la dotación concreta de personal que el Ministerio de Transición Ecológica tiene destinado en las dos provincias canarias, así como a la parte proporcional de esa plantilla que es susceptible de ser transferida a la Comunidad Canaria, manifestamos lo siguiente:

El organismo estatal está infra dimensionando, hasta el punto que incluso obliga a los inspectores de costas a realizar sus funciones trabajando en solitario, corriendo riesgos de incidentes o accidentes difíciles de gestionar al no tener compañía.

Aún más en Canarias este déficit es mayor, pudiendo comprobarse al cotejar las plantillas destinadas con los kilómetros de costa sobre los que se debe actuar.

Además, sin lugar a dudas, Canarias es la comunidad autónoma con mayor dispersión territorial, al distribuirse esa costa entre 8 islas, lo que dificulta la distribución de los empleados públicos para atender las necesidades de servicio.

Ante esto no podemos más que manifestar que la previsión de transferencia de un 27 % desempleados no es un planteamiento realista sobre el que se pueda diseñar un servicio de vigilancia de costas viable de ámbito autonómico por lo que llamamos a las dos administraciones a tener presente la realidad laboral de los empleados públicos del servicio de costas en Canarias y su conocimiento de las condiciones de trabajo, así como recordarles que las carencias descritas no pueden, en ningún caso, pretenderse solventar con el aumento de las cargas de trabajo de esos empleados, cargas que como decimos ya están al límite de toda lógica.

 




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