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AGE - Administración General del Estado

Transferencia de la competencia sobre costas del gobierno central a la comunidad

UGT-SP de Canarias exige una explicación sobre el futuro de los empleados/as de costas

Desde principios de este año 2022 se han estado publicando informaciones referentes al proceso de negociación entre el Gobierno de Canarias y el Ejecutivo central para acordar la transferencia de parte de las competencias, recursos y personal en materia de Costas.

Durante todo este proceso la información trasladada al conjunto de trabajadores afectados, así como a su representación sindical, ha sido totalmente insuficiente.

En las pocas ocasiones que los representantes de las dos administraciones se han dirigido a los trabajadores o han dado audiencia a representantes sindicales de éstos ha quedada de manifiesto que la problemática, que esta transferencia pueda ocasionar al personal destinado en la demarcación de costas, es secundaria respecto a los problemas económicos, de instalaciones o el encuadramiento legal, limitándose a señalar que la transferencia es del 27% , porcentaje que será transferido de la plantilla actual de la demarcación de costas en Canarias.

Más allá de las disputas que pueda haber entre administraciones a la hora de concretar las condiciones del traspaso de competencias, el que el destino profesional de los empleados públicos afectados sea un debate secundario frente al mobiliario de oficina o los vehículos transferidos, lleva a estos empleados a la desafección y al malestar de sentirse olvidados por las administraciones, sabiendo que es precisamente el trabajo de estos empleados el aspecto fundamental de la vigilancia del medio costero, materia sobre la que teóricamente se debe estar debatiendo.

En cuanto a la dotación concreta de personal que el Ministerio de Transición Ecológica tiene destinado en las dos provincias canarias, así como a la parte proporcional de esa plantilla que es susceptible de ser transferida a la Comunidad Canaria, manifestamos lo siguiente:

El organismo estatal está infra dimensionando, hasta el punto que incluso obliga a los inspectores de costas a realizar sus funciones trabajando en solitario, corriendo riesgos de incidentes o accidentes difíciles de gestionar al no tener compañía.

Aún más en Canarias este déficit es mayor, pudiendo comprobarse al cotejar las plantillas destinadas con los kilómetros de costa sobre los que se debe actuar.

Además, sin lugar a dudas, Canarias es la comunidad autónoma con mayor dispersión territorial, al distribuirse esa costa entre 8 islas, lo que dificulta la distribución de los empleados públicos para atender las necesidades de servicio.

Ante esto no podemos más que manifestar que la previsión de transferencia de un 27 % desempleados no es un planteamiento realista sobre el que se pueda diseñar un servicio de vigilancia de costas viable de ámbito autonómico por lo que llamamos a las dos administraciones a tener presente la realidad laboral de los empleados públicos del servicio de costas en Canarias y su conocimiento de las condiciones de trabajo, así como recordarles que las carencias descritas no pueden, en ningún caso, pretenderse solventar con el aumento de las cargas de trabajo de esos empleados, cargas que como decimos ya están al límite de toda lógica.

 




UGT analiza la situación de la Seguridad Social

LA SEGURIDAD SOCIAL A QUIRÓFANO. Lista de espera y Ley 21/2021

En torno al 1900 comienzan a aparecer los elementos precursores del actual sistema de Seguridad Social.

El Instituto Nacional de Previsión (INP) en 1908, las Mutualidades Laborales, la Ley de Bases de la Seguridad Social en 1963, el artículo 41 de la Constitución. y finalmente la gran reforma del Real Decreto Ley 36/1978, dio origen a las actuales Entidades Gestoras y Servicios Comunes como hoy las conocernos.

A lo largo de todos estos años, la Seguridad Social ha ido cosechando premios y reconocimientos, pero también envejeciendo y enfermando.

Han cambiado muchas cosas desde entonces en nuestra sociedad, y también en el seno de la Administración de la Seguridad Social, hasta llegar al punto de ponerse en cuestión su supervivencia, a menos que se produzca una intervención crítica.

La Seguridad Social ha de pasar por el quirófano. No solamente por sus recursos económicos tradicionalmente esquilmados, por gastos impropios y decisiones políticas desacertadas, sino también porque la gestión se ha vuelto inasumible con los recursos humanos disponibles, y la inadecuada organización de sus estructuras.

La mala organización, y la falta de reposición de los trabajadores que han ido abandonando el Sistema, ha sido la gangrena que ha ido devorando fuerza y conocimiento, hasta provocar el fallo multiorgánico.

No han faltado doctores que diagnosticaran la enfermedad y prescribieran el tratamiento, los pactos de Toledo, ya en el 1995; recomendaron la intervención, pero la lista de espera era larga.

Dieciséis años después seguía agravándose el paciente, cuando en el 2011 se volvió a tratar sobre la posibilidad de mejorar la organización en la adicional séptima de la Ley 27/2011, que "autorizó al Gobierno para la creación de la Agencia Estatal de la Administración de la Seguridad Social".

En el 2012 se abundó sobre este mismo tema cuando la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA), en el capítulo de "Racionalización del Sector Público y Supresión de Órganos y Entidades Duplicadas, Ineficientes o no Sostenibles'", entendió que las Entidades Gestoras de la Seguridad Social habían de fusionarse en una única Entidad, y en 2018 se alcanzó un acuerdo en el seno de la Mesa Delegada de la Seguridad Social, con nuevas promesas incumplidas.

Mientras tanto, el enfermo ha continuado agravándose, y por si no tuviera bastante con el cáncer del abandono político, para acabarlo de rematar, el RDL 15/2020 le traspasa el Régimen Especial de Clases Pasivas y, el RDL 20/2020 la gestión del Ingreso Mínimo Vital.

Los últimos análisis y el TAC, han dado el siguiente resultado: "Lo sentimos, no existe disponibilidad en los próximos días para el servicio solicitado. Si lo desea, puede intentar de nuevo su búsqueda volviendo a la pantalla anterior y eligiendo otra ubicación".

Ingresado en urgencias, el paciente ha pasado a quirófano. La Ley 21/2021, en su disposición final tercera, así lo determina.

Son seis meses de preoperatorio los que concluirán, según esa ley establece, con la presentación del proyecto de ley que ha de dar cumplimiento a la adicional séptima de la ley 27/2011.

La pregunta crucial es si el paciente vivirá o morirá, y si sobrevive, en qué condiciones quedará.

Descarga los documentos:




Intervención de secretario general de la UGT-SP denunciando situación de la admon en Canarias

Intervención de secretario general de la UGT-SP denunciando situación de la admon en Canarias

Intervención de Francisco Bautista, secretario general de la UGT-SP de Canarias, sobre la situación de la Administración General del Estado, tanto en la Seguridad social como en el SEPE

 

 

 

UGT se manifiesta ante las Subdelegaciones de Gobierno en Canarias exigiendo los efectivos para la Seguridad Social

UGT se manifiesta ante las Subdelegaciones de Gobierno en Canarias exigiendo los efectivos para la Seguridad Social

UGT se manifiesta ante las Subdelegaciones de Gobierno en Canarias exigiendo los efectivos para la Seguridad Social necesarios para un servicio digno a la ciudadanía.

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UGT Servicios Públicos Canarias denuncia el colapso actual que se vive en las oficinas de la Seguridad Social en las Islas

UGT Servicios Públicos Canarias denuncia el colapso actual que se vive en las oficinas de la Seguridad Social en las Islas

UGT Servicios Públicos Canarias denuncia el colapso actual que se vive en las oficinas de la Seguridad Social en las Islas, provocando que las prestaciones realizadas la ciudadanía no sean las correctas. Desde la Federación se viene denunciando, de forma reiterada ante los organismos competentes, la necesidad de ampliar la plantilla de dichas oficinas con la finalidad de homologar la ratio trabajadores/ciudadanos al resto de las provincias. Según datos oficiales en el Archipiélago solo hay 13 trabajadores/as por cada 100.000 habitantes frente a los 33 de media del resto del territorio.

La actual situación se ha visto agravada con la creación de nuevas prestaciones, como el ingreso mínimo vital, cuyas solicitudes se acumulan ante la falta de incapacidad de dar curso a las mismas por falta de personal en las oficinas. “Estamos hartos de que se eche la culpa a los compañeros y compañeras de los servicios de la Administración del Estado. Esta situación se ha trasladado al Estado en reiteradas ocasiones y hemos dado parte a las instituciones públicas canarias para que se tomen cartas en el asunto. La presión asistencial es insoportable, vemos colas desde las 4.00 a.m en Gran Canaria y en Tenerife solo se da asistencia telemática e incluso los servicios del sur se están derivando a La Gomera.”, añadió Bautista.

Actualmente, desde la Administración General del Estado solo han dado soluciones puntuales que, para esta Federación y sus representantes sindicales, quedan muy lejos de resolver de forma real y eficaz la situación. “Restringir las citas solo sirve para maquillar las cifras, si se establece un cupo de atención a los ciudadanos citados y no se deja acceder al resto no se da una respuesta a la demanda. La solución ahora mismo pasa por contratar a personal que de salida a los trámites retrasados”, subrayó Rodolfo Martín, representante de UGT en la administración de la Seguridad Social. Por su parte, Antonio Terrones, coordinador AGE Canarias habló de “maltrato” por parte del Estado y mala gestión de los recursos actuales impidiendo dar una respuesta a la demanda actual y provocando la acumulación y retraso de expedientes por resolver. “Esto está generando un gran estrés laboral a los compañeros/as que saben que de su gestión – añadió - depende la economía de muchas familias canarias”.

A lo largo de los dos últimos años, desde FeSP se ha trasladado a los diferentes organismos la necesidad de intervenir ante el Estado para exigir la ampliación de las plantillas y se convoquen las plazas correspondientes. En esta línea, en junio del pasado año se promovió y aprobó una PLN cuya finalidad es solicitar al Gobierno de Canarias que traslade al Ejecutivo central la precaria situación de las oficinas de la Administración General del Estado (AGE) en las Islas.

El próximo 4 de marzo la FeSP tiene previsto convocar una concentración ante las puertas de las oficinas para reivindicar la intervención del Estado de forma urgente.

Cifras de la administración

Según los últimos datos de los que dispone esta federación, las oficinas dependientes de la administración pública del Estado en Canarias disponen de hasta un 30% menos de personal respecto a otras CCAA. Lo que supone una carga laboral y un retraso en los servicios/gestiones realizadas por el personal, generando desasistencia a la ciudadanía canaria. Así, por ejemplo, los servicios que el INSS presta en la provincia tinerfeña, como por ejemplo jubilaciones, viudedades, orfandades, pagos directos, solicitudes de maternidad/paternidad, revisiones de o incapacidad, acumulan retrasos de meses, incluso años, cuando la media nacional es de un mes para la resolución de cualquier trámite.

 

 

 

 

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