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AGE - Administración General del Estado

UGT analiza la situación de la Seguridad Social

LA SEGURIDAD SOCIAL A QUIRÓFANO. Lista de espera y Ley 21/2021

En torno al 1900 comienzan a aparecer los elementos precursores del actual sistema de Seguridad Social.

El Instituto Nacional de Previsión (INP) en 1908, las Mutualidades Laborales, la Ley de Bases de la Seguridad Social en 1963, el artículo 41 de la Constitución. y finalmente la gran reforma del Real Decreto Ley 36/1978, dio origen a las actuales Entidades Gestoras y Servicios Comunes como hoy las conocernos.

A lo largo de todos estos años, la Seguridad Social ha ido cosechando premios y reconocimientos, pero también envejeciendo y enfermando.

Han cambiado muchas cosas desde entonces en nuestra sociedad, y también en el seno de la Administración de la Seguridad Social, hasta llegar al punto de ponerse en cuestión su supervivencia, a menos que se produzca una intervención crítica.

La Seguridad Social ha de pasar por el quirófano. No solamente por sus recursos económicos tradicionalmente esquilmados, por gastos impropios y decisiones políticas desacertadas, sino también porque la gestión se ha vuelto inasumible con los recursos humanos disponibles, y la inadecuada organización de sus estructuras.

La mala organización, y la falta de reposición de los trabajadores que han ido abandonando el Sistema, ha sido la gangrena que ha ido devorando fuerza y conocimiento, hasta provocar el fallo multiorgánico.

No han faltado doctores que diagnosticaran la enfermedad y prescribieran el tratamiento, los pactos de Toledo, ya en el 1995; recomendaron la intervención, pero la lista de espera era larga.

Dieciséis años después seguía agravándose el paciente, cuando en el 2011 se volvió a tratar sobre la posibilidad de mejorar la organización en la adicional séptima de la Ley 27/2011, que "autorizó al Gobierno para la creación de la Agencia Estatal de la Administración de la Seguridad Social".

En el 2012 se abundó sobre este mismo tema cuando la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA), en el capítulo de "Racionalización del Sector Público y Supresión de Órganos y Entidades Duplicadas, Ineficientes o no Sostenibles'", entendió que las Entidades Gestoras de la Seguridad Social habían de fusionarse en una única Entidad, y en 2018 se alcanzó un acuerdo en el seno de la Mesa Delegada de la Seguridad Social, con nuevas promesas incumplidas.

Mientras tanto, el enfermo ha continuado agravándose, y por si no tuviera bastante con el cáncer del abandono político, para acabarlo de rematar, el RDL 15/2020 le traspasa el Régimen Especial de Clases Pasivas y, el RDL 20/2020 la gestión del Ingreso Mínimo Vital.

Los últimos análisis y el TAC, han dado el siguiente resultado: "Lo sentimos, no existe disponibilidad en los próximos días para el servicio solicitado. Si lo desea, puede intentar de nuevo su búsqueda volviendo a la pantalla anterior y eligiendo otra ubicación".

Ingresado en urgencias, el paciente ha pasado a quirófano. La Ley 21/2021, en su disposición final tercera, así lo determina.

Son seis meses de preoperatorio los que concluirán, según esa ley establece, con la presentación del proyecto de ley que ha de dar cumplimiento a la adicional séptima de la ley 27/2011.

La pregunta crucial es si el paciente vivirá o morirá, y si sobrevive, en qué condiciones quedará.

Descarga los documentos:




Intervención de secretario general de la UGT-SP denunciando situación de la admon en Canarias

Intervención de secretario general de la UGT-SP denunciando situación de la admon en Canarias

Intervención de Francisco Bautista, secretario general de la UGT-SP de Canarias, sobre la situación de la Administración General del Estado, tanto en la Seguridad social como en el SEPE

 

 

 

UGT se manifiesta ante las Subdelegaciones de Gobierno en Canarias exigiendo los efectivos para la Seguridad Social

UGT se manifiesta ante las Subdelegaciones de Gobierno en Canarias exigiendo los efectivos para la Seguridad Social

UGT se manifiesta ante las Subdelegaciones de Gobierno en Canarias exigiendo los efectivos para la Seguridad Social necesarios para un servicio digno a la ciudadanía.

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UGT Servicios Públicos Canarias denuncia el colapso actual que se vive en las oficinas de la Seguridad Social en las Islas

UGT Servicios Públicos Canarias denuncia el colapso actual que se vive en las oficinas de la Seguridad Social en las Islas

UGT Servicios Públicos Canarias denuncia el colapso actual que se vive en las oficinas de la Seguridad Social en las Islas, provocando que las prestaciones realizadas la ciudadanía no sean las correctas. Desde la Federación se viene denunciando, de forma reiterada ante los organismos competentes, la necesidad de ampliar la plantilla de dichas oficinas con la finalidad de homologar la ratio trabajadores/ciudadanos al resto de las provincias. Según datos oficiales en el Archipiélago solo hay 13 trabajadores/as por cada 100.000 habitantes frente a los 33 de media del resto del territorio.

La actual situación se ha visto agravada con la creación de nuevas prestaciones, como el ingreso mínimo vital, cuyas solicitudes se acumulan ante la falta de incapacidad de dar curso a las mismas por falta de personal en las oficinas. “Estamos hartos de que se eche la culpa a los compañeros y compañeras de los servicios de la Administración del Estado. Esta situación se ha trasladado al Estado en reiteradas ocasiones y hemos dado parte a las instituciones públicas canarias para que se tomen cartas en el asunto. La presión asistencial es insoportable, vemos colas desde las 4.00 a.m en Gran Canaria y en Tenerife solo se da asistencia telemática e incluso los servicios del sur se están derivando a La Gomera.”, añadió Bautista.

Actualmente, desde la Administración General del Estado solo han dado soluciones puntuales que, para esta Federación y sus representantes sindicales, quedan muy lejos de resolver de forma real y eficaz la situación. “Restringir las citas solo sirve para maquillar las cifras, si se establece un cupo de atención a los ciudadanos citados y no se deja acceder al resto no se da una respuesta a la demanda. La solución ahora mismo pasa por contratar a personal que de salida a los trámites retrasados”, subrayó Rodolfo Martín, representante de UGT en la administración de la Seguridad Social. Por su parte, Antonio Terrones, coordinador AGE Canarias habló de “maltrato” por parte del Estado y mala gestión de los recursos actuales impidiendo dar una respuesta a la demanda actual y provocando la acumulación y retraso de expedientes por resolver. “Esto está generando un gran estrés laboral a los compañeros/as que saben que de su gestión – añadió - depende la economía de muchas familias canarias”.

A lo largo de los dos últimos años, desde FeSP se ha trasladado a los diferentes organismos la necesidad de intervenir ante el Estado para exigir la ampliación de las plantillas y se convoquen las plazas correspondientes. En esta línea, en junio del pasado año se promovió y aprobó una PLN cuya finalidad es solicitar al Gobierno de Canarias que traslade al Ejecutivo central la precaria situación de las oficinas de la Administración General del Estado (AGE) en las Islas.

El próximo 4 de marzo la FeSP tiene previsto convocar una concentración ante las puertas de las oficinas para reivindicar la intervención del Estado de forma urgente.

Cifras de la administración

Según los últimos datos de los que dispone esta federación, las oficinas dependientes de la administración pública del Estado en Canarias disponen de hasta un 30% menos de personal respecto a otras CCAA. Lo que supone una carga laboral y un retraso en los servicios/gestiones realizadas por el personal, generando desasistencia a la ciudadanía canaria. Así, por ejemplo, los servicios que el INSS presta en la provincia tinerfeña, como por ejemplo jubilaciones, viudedades, orfandades, pagos directos, solicitudes de maternidad/paternidad, revisiones de o incapacidad, acumulan retrasos de meses, incluso años, cuando la media nacional es de un mes para la resolución de cualquier trámite.

 

 

 

 

UGT reclama la negociación de la Ley de función pública para la AGE

UGT reclama la negociación de la Ley de función pública para la AGE

Oportunidad y necesidad de la norma, 14 años después de la aprobación del Estatuto Básico del Empleado Público.

El EBEP estableció, en 2007, las bases que permitían la actualización y modernización de los sistemas y procedimientos que la Administración Pública debe utilizar para democratizar las relaciones laborales en su seno; planificar, evaluar y gestionar sus recursos humanos; al tiempo que posibilita que los empleados públicos incorporen el cúmulo de nuevos conocimientos y herramientas de gestión, imprescindibles para que los servicios que se prestan a la ciudadanía alcancen el mayor grado de calidad y eficacia.

Así el EBEP pretende, en definitiva, que los sistemas y metodologías de gestión de los recursos humanos se orienten hacia una cultura que integre el cambio, la mejora y la innovación permanente en la actuación de la Administración Pública, así como el valor de los recursos humanos como factor clave para alcanzar esos objetivos.
Pues bien, en la AGE, ya vamos con 14 años de retraso al respecto, pues si bien es cierto que en virtud de Acuerdos y Pactos parciales sobre determinadas materias se ha avanzado de manera significativa, se hace precisa la elaboración de un Estatuto de la AGE, que desarrolle el EBEP y establezca las bases oportunas para el desarrollo reglamentario de otras materias.

La AGE, por detrás de las condiciones laborales de otras Administraciones Públicas.

El retraso aludido en el apartado anterior ha supuesto que algunos de los derechos de los empleados públicos de la AGE se sitúen a rebufo de las condiciones existentes en otras Administraciones Públicas que sí han desarrollado el EBEP (aunque sea parcialmente). Ejemplo de lo dicho, lo podemos encontrar en materias tan importantes como las siguientes:

  • Desarrollo de la carrera profesional horizontal.
  • Concreción de la evaluación del desempeño como instrumento objetivo para la percepción de determinadas retribuciones complementarias.
  • Racionalización de la estructura de Cuerpos y Escalas de la clasificación del personal.
  • Actualización de los mecanismos de selección.
  • Clarificación del sistema retributivo (fundamentalmente de las complementarias).
  • Delimitación de funciones del personal funcionario y laboral.
  • Fomento de los mecanismos de promoción profesional.
  • Etc.

Por consiguiente, resulta evidente la necesaria aprobación de la Ley de Función Pública de la AGE, que ofrezca las mismas posibilidades a sus empleados públicos.

Aspectos generales sobre los contenidos del Anteproyecto.

Con carácter previo a enumerar las materias que consideramos claves en el Anteproyecto, es preciso comentar algunas cuestiones generales sobre su forma y contenidos:

  • Es preciso codificar, en un único texto (Estatuto), el disperso marco normativo, que atiende a finalidades diversas.
  • Se debe superar la sensación del “empleado público perplejo”, ante la complejidad de su actual marco normativo y el amplio número de normas al que acudir y consultar para concretar sus derechos; de tal manera que el empleado público de la AGE, sepa con la suficiente seguridad jurídica, qué norma le resulta de aplicación, sin necesidad de tener que acudir a varias de ellas (EBEP + Ley 30/84 + etc.).
  • El Estatuto no debe caer en tentaciones reglamentistas. En este sentido, debe desarrollar las materias que conforme el EBEP son susceptibles de serlo, en virtud de reserva de ley, dejando aquellas cuestiones más concretas a los desarrollos reglamentarios.
  • Tampoco debe limitarse a trasladar (reiterar) los contenidos ya reflejados en el EBEP, es preferible un Estatuto breve, pero ágil, claro y dinámico que incida y desarrolle las potencialidades ya reflejadas en el EBEP.
  • Complementariamente, se deben desarrollar cuestiones que han surgido a lo largo de esos 14 años no recogidas en el EBEP (Ejemplo: La intimidad en el uso de dispositivos digitales puestos a su disposición y frente al uso de dispositivos de videovigilancia y geolocalización; la desconexión digital en los términos establecidos en la legislación vigente en materia de protección de datos personales; garantía de los derechos digitales; medidas para la reducción de la temporalidad, jubilación parcial; etc.).
  • Sin perjuicio de la uniformidad de sus contenidos, con respecto a su ámbito de aplicación objetivo, se debe contemplar la posibilidad de una legislación específica para determinados colectivos (docente, estatutario, investigador, etc.).
  • De la misma forma, el Estatuto, con respecto al ámbito de aplicación funcional, debe procurar englobar a todos (o la mayoría) los organismos y entidades dependientes de la AGE, evitando huidas del derecho administrativo de organismos y trabajadores sujetos a los presupuestos generales del estado.

Materias que debe regular el Anteproyecto a criterio de UGT-Servicios Públicos

Unos desarrollos que, dependiendo de la materia que se trate, deberán llevarse a cabo mediante ley, reglamento, Pacto o Acuerdo. En este sentido, hemos considerado oportuno indicar todas aquellas materias con respecto a las cuales el Estatuto Básico efectúa, de manera expresa, una reserva de ley que debe concretar obligatoriamente el Estatuto AGE:

  • Funciones a realizar por el personal funcionario y por el laboral.
  • Personal eventual (funciones, número designación, etc.).
  • Delimitación del personal directivo (funciones, retribuciones, selección, cese).
  • La carrera profesional horizontal como un derecho.
  • Sistemas para realizar la promoción interna (más ágiles y flexibles que los procesos de selección).
  • Cuantía y estructura de las retribuciones complementarias (mayor objetividad).
  • Retribuciones de los funcionarios en prácticas.
  • Eximente de la nacionalidad para el acceso.
  • El concurso como forma excepcional de acceso (supuestos).
  • Condiciones especiales para la jubilación voluntaria y parcial.
  • Prolongación del servicio activo hasta los 70 años.
  • Definición actualizada de los Cuerpos y escalas.
  • Específicamente, la creación del Grupo B, con los cuerpos que sean precisos en función de la titulación requerida.
  • Otros procedimientos de provisión (adicionales a los previstos).
  • Puestos a ocupar por libre designación.
  • Otras situaciones Administrativas (adicionales).
  • Supuestos de servicios especiales.
  • Concreción de la excedencia voluntaria por interés particular.
  • Determinación de las faltas graves y leves.
  • Otras sanciones, adicionales a las previstas en el EBEP.
  • Establecimiento de agrupaciones profesionales sin requisito de titulación (D.A. 7ª).
  • Desarrollo de un mecanismo extrajudicial de conflictos.

En cualquier caso, conviene recordar que, además de estas materias, también habrá que desarrollar otras, no menos importantes, que no han sido objeto de reserva de ley, como por ejemplo, la evaluación del desempeño, la jornada, permisos, vacaciones, etc... Por consiguiente, dichas materias podrán ser desarrolladas a través de Acuerdos, Pactos, etc., lo que facilitaría sus posibles modificaciones.
Y, en una fase posterior, habrá que actualizar la legislación sobre incompatibilidades (Ley 53/1984); Reglamentos de acceso, selección y provisión, y situaciones (RD 364/95 y 365/95, respectivamente), Disciplinario (RD 33/1986) etc.

 

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