El gobierno reconoce a UGT, necesidad de negociación empleados y empleadas públicas
El Gobierno reconoce a UGT la necesidad de iniciar ya la negociación sobre las condiciones laborales de los empleados públicos.
En respuesta a una carta conjunta remitida por UGT Servicios Públicos y CSIF la semana pasada, el Ministerio de Hacienda reconoce sus compromisos y convocará inmediatamente una reunión con los sindictos.
UGT Servicios Públicos espera que el Ministerio de Función Pública cumpla el compromiso, adquirido por la secretaria de Estado de Función Pública, Lídia Sánchez, de convocar de manera inminente a los representantes sindicales para abordar la negociación de las condiciones laborales de los empleados Públicos. Lidia Sánchez, en respuesta a una carta conjunta que UGT Servicios Públicos y CSIF remitieron a la secretaría de Estado, ha reconocido que es prioritario concentrar los esfuerzos para avanzar en la negociación.
UGT Servicios Públicos exigió, mediante la carta remitida el pasado jueves, que se concretase inmediatamente un calendario de negociación para avanzar, a través del diálogo, en las materias que redundan en la mejora de las condiciones de trabajo del personal de las Administraciones Públicas, tal como recoge el acuerdo suscrito entre el Gobierno y los sindictos el 5 de julio de 2021.
Dos meses después, aún no se han iniciado las conversaciones y se mantienen paradas diversas materias contenidas en el Estatuto Básico del Empleado Público. Entre ellas temas tan importantes como la Ley de Función Pública de la Administración General del Estado. El Gobierno sigue sin aportar ni un borrador, a pesar de haber sido anunciado su desarrollo inmediato por los anteriores titulares del ministerio de Función Pública, Carolina Darias y Miquel Iceta.
Esta parálisis se extiende también a colectivos como Instituciones Penitenciarias y la Administración de Justicia. Desde febrero, los funcionarios de prisiones siguen a la espera de que el Gobierno, tras finalizar las negociaciones, proponga una Ley de Cuerpos que incluya la reclasificación de los centros. En cuanto a la Administración de Justicia, el Ministerio de Hacienda mantiene bloqueado un acuerdo cerrado con el de Justicia que, por fin, avanzaba en la homologación con las Comunidades Autónomas transferidas.
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