Tras las manifestaciones vertidas por el presidente de FEPECO de Tenerife el 8 de febrero y la presidenta de AECP de Las Palmas el 28 de enero, en las que se pidió al gobierno de Canarias acabar con el teletrabajo en el sector público aduciendo deficiencias en los servicios públicos con expresiones como «que vuelvan a dar el callo», la UGT Servicios Públicos Canarias hacemos las siguientes consideraciones.
En primer lugar no entendemos que, en estos momentos de incertidumbre económica y de reorganización del modelo productivo, desde las diferentes patronales canarias se emiten mensajes tan contradictorios como esta de prohibir el trabajo no presencial y, por otro lado, la de convertir Canarias en un paraíso para los teletrabajadores peninsulares y europeos. Se esperaría una mayor coordinación de mensajes y de altitud de miras por parte de las organizaciones empresariales canarias.
En segundo lugar, las afirmaciones de FEPECO y AECP, no parece que dimensionen correctamente el tema sobre el que opinan, dando a entender que los servicios públicos en Canarias están siendo prestados mayoritariamente de manera no presencial. De los aproximadamente 67 mil empleados y empleadas públicas que trabajan en Canarias, más 60 mil son personal sanitario, docentes, funcionarios de prisiones, personal de mantenimiento, etc, personal que obviamente realiza sus funciones de manera presencial por lo que no puede ser imputable las deficiencias en la prestación de sus servicios a ningún tipo de trabajo no presencial.
Además, los trabajos que pueden ser susceptibles de desempeñarse de manera telemática (resolución de expedientes, tramitación de solicitudes o gestiones administrativas) en el caso de que se realicen de manera no presencial los usuarios no han de notar diferencia ninguna frente a una gestión presencial en una oficina salvo, acaso, una mayor celeridad en la gestión puesto que el teletrabajo aumenta la productividad de los y las trabajadoras evitando desplazamientos a los centros de trabajo. No obstante, actualmente en la Administración General de la Comunidad Autónoma de Canarias las y los empleados públicos únicamente teletrabajan una vez a la semana, y los que desempeñan su puesto de trabajo en la Agencia Tributaria Canaria no tienen teletrabajo alguno.
Por supuesto que compartimos desde UGT Servicios Públicos Canarias la denuncia de la deficiencia del servicio público en Canarias, por ello llevamos denunciando ante todos los agentes políticos tanto de Canarias como del Estado esta situación de degradación de los servicios públicos en las islas. Pero la solución no es pedirles a los empleados públicos que «den el callo» por que llevan asumiendo toda la avalancha de necesidades de servicio, nuevas y antiguas, con unos efectivos insuficientes, con equipos obsoletos, con falta de infraestructuras adecuadas y con plantillas envejecidas por políticas de restricción de los presupuestos destinados a dar ese servicio público de calidad que FEPECO y AECP reclaman, y obvian en su crítica, sin olvidar el paso por la política canaria de la presidenta de la AECP, que aplicó políticas de recortes en materia de servicios públicos a la ciudadanía, para fomentar privatizaciones que buscan beneficios como cualquier actividad empresarial (aquí por citar algunos beneficios tenemos la cuenta de resultados del sector bancario, o el de las empresas de distribución del comercio), frente a la prestación de servicios aunque sean deficitarios para cubrir necesidades de la población en general.
Ya desde UGT Servicios Públicos Canarias venimos reclamando igualmente, eficiencia, eficacia y dación de datos de ejecución de los Fondos Europeos Next Generation UE, que se nos siguen negando en las distintas mesas de negociación del ámbito público, lo que evidencia una falta de interés gubernamental en transparentar la gestión de los mismos.
Es por eso que seguiremos reclamando desde esta organización sindical de UGT Servicios Públicos Canarias la adecuación de los recursos públicos, personales y materiales, que dignifiquen la función pública, los servicios y los empleos, y pedimos a las organizaciones empresariales que consideren el gasto en los servicios públicos como una inversión en calidad social y económica, al menos con la misma intensidad con la que valoran las ayudas públicas o las inversiones en infraestructuras que reclaman para sus respectivos nichos empresariales.
Canarias, 9 febrero 2023
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