Desde UGT Servicios Públicos Canarias la situación de precariedad en el empleo, ha sido una cuestión importante a resolver, por ello y en solitario hace ya siete años, recurrimos en su momento al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que años más tarde dictamina la obligatoriedad de rebajar los índices de temporalidad, ya no en Canarias, sino en todo el territorio nacional, pues no era obra de una sola administración, en este caso autonómica, sino tenía un calado mucho mayor en las administraciones públicas.
Con esa Sentencia del TJUE de 19-03-2020, da lugar a que el Gobierno Español buscara la solución para acabar con el abuso de la temporalidad en el empleo público, concretándose en la Ley 20/2021, que el Parlamento convalidó del RD 14/2021, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público suscrito por tres organizaciones sindicales más representativas a nivel nacional siendo UGT Servicios Públicos una de ellas;. (https://canarias.ugt-sp.es/adautonomica/2202-informa-mesas-de-estabilizacion-de-la-comunidad-autonoma-de-canarias-13-05-2022)
El sector de Justicia de UGT Servicios Públicos Canarias inicia y logra la sentencia del TJUE que ahora todos parecen haber conseguido. Otros incluso, se permiten circunscribir el problema en el año 2017.
Un profesional del derecho acude a Canarias con una jeta impresionante, para hacer caja a cuenta de la precariedad existente en nuestras administraciones públicas y encima se denominan representantes de algún sindicato, que no hacen otra cosa, que iniciar acciones judiciales, profiriendo falacias y mentiras sobre el colectivo de afectados, como garantes de una pseudo legalidad jurídica, interpretando la sentencia emitida por el TJUE, más allá de lo que la misma contempla.
A UGT Servicios Públicos Canarias nos preocupa, que la actual oferta de empleo pública extraordinaria que se recoge en el Decreto 114 y el 115/2022, hoy no sabemos lo que puede pasar, por la acción realizada por sindicatos que hasta ahora han estado en el paupérrimo comité de huelga, que como ya es público y notorio, escaso apoyo han recibido de los más de 3,500 personas afectadas, impugnando esos decretos.
La exigencia de cumplir unos acuerdos del 23 Abril del Comité de Huelga que nunca han tenido formalización alguna de acuerdos de convenio colectivo para el personal laboral, y tampoco para el otro colectivo funcionarial.
La falacia esgrimida de una solución canaria, al margen de la Ley, hoy ya se plasma con los acuerdos firmados con el Gobierno de Canarias, donde se recoge la aplicación de la vigente Ley 20/2021, de 28 de diciembre de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.
Otra realidad serían alucinaciones en la mente de algún avispado trilero, que pretende engañar al colectivo de afectados.
Tampoco nos dejemos engañar, con la puesta en escena por parte del principal culpable de la situación de la alta temporalidad y precariedad en el seno de las administraciones públicas, que en este caso que nos ocupa, es el Gobierno de Canarias que a veces con más desacierto que aciertos, creó incertidumbre al citado colectivo, dando pábulo con unos acuerdos incoherentes, ante un comité de huelga nada representativo y con escaso apoyo del personal (hay que recordar que sin previamente haber informado ni haber solicitado la opinión al colectivo de afectados), que se decía representar, decidieron convocar huelga indefinida. Se han necesitado más de 5 meses, para culminar los acuerdos, por la pasividad y las equivocaciones constantes de los representantes gubernamentales en las mesas de negociación para lograr las bases generales.
UGT Servicios Públicos Canarias conjuntamente con otros sindicatos más representativos a nivel nacional, los que hemos logrado vía parlamento nacional una legislación básica la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, que es el proceso garantista y legal para poder estabilizar al personal en abuso de temporalidad existente en el seno de las Administraciones Públicas Canarias, y no una falacia como otros pretenden confundiendo a las personas en abuso de temporalidad, y con una clara intención, de hacer caja propia, sobre dicho colectivo. Esa es la herramienta legal, la Ley 20/2021 y no otras invenciones de canariedad con agentes de fuera.
Hemos insistido desde UGT Servicios Públicos Canarias el mantener la reivindicación de la estabilización del personal, que presta sus servicios en las distintas administraciones públicas apostando por la Oferta de Empleo Público (OPE) Extraordinaria publicada el 31 de mayo de 2022, era un compromiso y hoy es un hecho alcanzado y constatado.
A UGT Servicios Públicos Canarias nos preocupa y nos ocupa utilización política, que algunos han venido utilizando con la convocatoria de huelga, le temeridad de quienes instrumentalizaron un derecho colectivo para unos intereses espurios inconfesables, allá ellos que deberán responder, de las consecuencias que pueden traer las impugnaciones presentadas ante los tribunales, cuando ahora se arrogan incluso que ellos son los conseguidores de los acuerdos.
La mezquindad no tiene límites, ayer criticaban los procesos de negociación abiertos con otros sindicatos donde se encuentra UGT Servicios Públicos Canarias, hoy critican los acuerdos porque a su parecer no garantizan lo que ellos pregonan, pero mañana también estamparán su firma en los citados acuerdos, a todo eso se le llama coherencia y congruencia sindical.
Y por volvemos a repetir, lo que ya hemos dejado claro y patente, y es que desde el pasado 15 de septiembre los sindicatos UGT Servicios Públicos Canarias, CSIF Canarias y SEPCA hemos mantenido reuniones para lograr plasmar un acuerdo de bases, que vió la luz el pasado martes 20 de septiembre, donde entendemos logramos aunar esfuerzos, para lograr la estabilización del personal en situación de abusabilidad en la administración general de la Comunidad Autónoma de Canarias. Hay que destacar que el acuerdo de bases alcanzado con al Administración, tuvo el voto en contra de los sindicatos de Comité de Huelga.
Con esa propuesta, hemos logrado con la administración autonómica, que dejando patente la necesidad de lograr procesos garantistas, el objetivo final, es la consecución de la estabilización del personal no fijo e indefinido en abuso de temporalidad.
Nuestra línea de actuación siempre ha sido la misma, sin mentir ni decirle a los y las compañeras temporales “lo que querían oir” a pesar de que no fuera cierto o imposible conseguir.
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