Finalmente el Tribunal Supremo ha acordado que los 24 funcionarios de la Administración de Justicia se deben estabilizar en la Administración General de la Comunidad Autónoma de Canarias.
La razón por la que UGT defendió que 24 puestos de trabajo no debían ser amortizados en la Administración de Justicia, era para este sindicato muy simple, fueron funcionarios nombrados por las listas de personal interino de la Administración de Justicia (no de la Admon. Gral. de la CCAA de Canarias), su sistema retributivo y categorías eran las mismas que las de cualquier otro funcionario de la Administración de Justicia, el estatuto jurídico al que estaban sometidos era el mismo al que estaban sometidos los funcionarios de la Administración de Justicia en Canarias, eran electores y elegibles en los procesos electorales de la Administración de Justicia (no en los de la Admon. Gral. de la CCAA de Canarias), etc.
Por todas estas razones, se insistió en que esas plazas no podían perderse en la Administración de Justicia, que fue lo que ha pasado finalmente, se han perdido 24 puestos en la Administración de Justicia.
Además, los 24 funcionarios que estaban en esas plazas no se veían afectados en modo alguno, todo lo contrario, toda vez, que su experiencia había sido reconocido por igual, en dos administraciones diametralmente diferentes, la Administración de Justicia y la Administración General de la Comunidad Autónoma de Canaria, y por ende, como así sucedió se presentaron, mayoritariamente, a ambos procesos de estabilización, cada uno con sus propias reglas, el de la Administración de Justicia y el de la Administración General de la Comunidad Autónoma.
Por tanto, UGT veló por el interés general y por el de todos los funcionarios de la Administración de Justicia, incluidos los 24 que han estabilizado en la Administración General de la Comunidad Autónoma de Canarias, no siendo cierto que se haya intentado obstaculizar la estabilización de los referidos 24 funcionarios que finalmente han estabilizado en la Administración General de la Comunidad Autónoma de Canarias, ya que debe velar por el interés de todos, y también de todos aquellos funcionarios de la Administración de Justicia (aproximadamente unos 2800) que han perdido 24 oportunidades de estabilizarse.
