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Informa Acuerdo Bases Ley Estabilidad CAC 21-11-2022

UGT Servicios Públicos Canarias ha venido manifestando su acuerdo con la Sentencia del TJUE de 19-03-2020, que dio lugar a que el Gobierno Español buscara la solución para acabar con el abuso de la temporalidad en el empleo público, concretándose en la Ley 20/2021. (https://canarias.ugt-sp.es/adautonomica/2202-informa-mesas-de-estabilizacion-de-la-comunidadautonoma-de-canarias-13-05-2022)

Acción ésta promovida por UGT Servicios Públicos Canarias, que otros se arrogan sin haber realizado ninguna demanda de conflicto por la situación de temporalidad que existe en nuestras Administraciones Públicas. Nuestro sector de Justicia de UGT Servicios Públicos Canarias es la que inicia y logra la sentencia del TJUE que ahora todos parecen haber conseguido. Otros incluso, se permiten circunscribir el problema en el año 2017. Fuerte jeta tienen algunos que se denominan representantes de algún sindicato, que no hacía más que proferir falacias y mentiras sobre el actuar de este y otros sindicatos, en relación con al realidad de lo que acontecía.

Otras organizaciones ni cuestionaron la situación ni tampoco buscaron fórmulas para solventar el problema, y mucho menos, se posicionaron ante la situación de vulnerabilidad que tenían hasta ese momento el colectivo no fijo e interino afectado. Hoy todos son loas a su vendeta de una huelga que a todas luces, no ha sido secundada masivamente por el colectivo afectado, después de más de un año largo de escaramuzas, y la exigencia de unos acuerdos (los cacareados del 23 Abril del Comité de Huelga) que nunca han revestido la forma de acuerdos de convenio colectivo, y menos para el colectivo funcionarial.

Han vendido y engañado a los empleados y empleadas públicas temporales con una falacia de solución canaria, al margen de la Ley.

El Gobierno de Canarias también al inicio de este proceso dió pasos equivocados y traspiés , dando imagen de estar en un jardín sin flores, sin saber como afrontar lo que ellos mismos habían sido partícipes del abuso de la temporalidad, dando carta de naturaleza a un grupito de amigos, que se confabularon como un comité de huelga, sin previamente haber informado ni haber solicitado la opinión al colectivo de afectados, tanto funcionarios y funcionarias interinas, como personal laboral indefinidos sin plazas.

Hemos sido los sindicatos más representativos a nivel estatal entre ellos UGT Servicios Públicos los que hemos logrado vía parlamento nacional una legislación básica la Ley 20/2021, de 28 de diciembre de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, que es el proceso garantista y legal para poder estabilizar al personal en abuso de temporalidad existente en el seno de las Administraciones Públicas Canarias.

Hoy todo se regula con la Ley 20/2021 en los acuerdos alcanzados con la Administración Canaria, con la convalidación del RD 14/2021 suscrito por tres organizaciones sindicales más representativas a nivel nacional siendo UGT Servicios Públicos una de ellas; y eso les duele en su campaña de canariedad, de batucada, banderas, pitos y cornetas, siendo esta Ley la verdadera herramienta para dar solución al abuso de la temporalidad, ninguna otra, y mucho menos un acuerdo del comité de huelga que no ha servido para nada.

Aclarar igualmente cuando ocultan, que han sido ellos mismos y otras organizaciones, los que han impugnado las OPE´s del Decreto 114 y 115/2022 veremos que pasará en el futuro con esos procesos, hoy en marcha http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2022/105/ http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2022/106/

Desde UGT Servicios Públicos Canarias hemos mantenido la reivindicación de la estabilización del personal, que presta sus servicios en las distintas administraciones públicas apostando por la Oferta de Empleo Público (OPE) Extraordinaria publicada el 31 de mayo de 2022, ese era uno de los compromisos y hoy es un hecho alcanzado.

La realidad se nos antoja caprichosa y la utilización política, que algunos han venido utilizando con la convocatoria de huelga, ha sido una temeridad increíble de quienes instrumentalizaron un derecho colectivo para unos intereses espurios inconfesables, allá ellos que deberán responder, de las consecuencias que pueden traer las impugnaciones presentadas ante los tribunales, cuando ahora también van a refrendar con su firma, los acuerdos de estabilización que emanan de la aplicación de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre.

Por este motivo, desde el pasado 15 de septiembre los sindicatos UGT Servicios Públicos Canarias, CSIF Canarias y SEPCA hemos mantenido reuniones para lograr plasmar un acuerdo de bases, que vió la luz el pasado martes 20 de septiembre, donde entendemos logramos aunar esfuerzos, para lograr la estabilización del personal en situación de abusabilidad en la administración general de la Comunidad Autónoma de Canarias. Hay que destacar que el acuerdo de bases alcanzado con al Administración, tuvo el voto en contra de los sindicatos de Comité de Huelga, pero incoherentemente con lo que deciden sí parece que firmarán finalmente el acuerdo, de lo que denota una vez màs la sin razón que han mantenido en el tiempo.

Con esa propuesta, hemos logrado con la administración autonómica, que dejando patente la necesidad de lograr procesos garantistas, el objetivo final, es la consecución de la estabilización del personal no fijo e indefinido en abuso de temporalidad, que no es ni más ni menos que la culminación del camino emprendido, hace aproximadamente siete años al judicializar el abuso de temporalidad por UGT Servicios Públicos Canarias y siempre con responsabilidad, seriedad y respeto a la legalidad vigente, por mucho que otros sindicatos nos hayan criticado a lo largo de este tiempo, ya que al final han quedado retratados. Nuestra línea de actuación siempre ha sido la misma, sin mentir ni decirle a los y las compañeras temporales “lo que querían oir” a pesar de que no fuera cierto o imposible conseguir.

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UGT Servicios Públicos

UGT Servicios Públicos es una federación de UGT dedicada a defender los derechos e intereses de los trabajadores de los servicios públicos de España.