A iniciativa de UGT Servicios Públicos Canarias, se ha solicitado reuniones con varios grupos políticos del Parlamento Canario, a los efectos de trasladarle las inquietudes que nos preocupan del trámite parlamentario sobre el proyecto de ley que recoge el DL 7/2024, de 31 de julio, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad, la gestión eficiente y la calidad en el empleo público(BOC 158 de 12/8/2024).
El martes, 29 de octubre hemos mantenido la primera reunión, con el grupo de Coalición Canaria (socio mayoritario del actual gobierno), con el fin de trasladarle los aspectos más polémicos que entendemos contiene esa iniciativa gubernamental, que ya tiene su vía legal bajo en amparo del citado Decreto Ley desde el pasado 12 de agosto.
Desde UGT Servicios Públicos Canarias hemos dado traslado que no queda acreditada la forma extraordinaria y urgente necesidad que justifique la medida adoptada por el Gobierno Autónomo. Afecta a derechos fundamentales previsto en el art. 23.2 de la Constitución.
La intencionalidad gubernamental que se contiene en la citada exposición de motivos, que pretende regular también el abuso (exceso) de la temporalidad en el empleo público, no puede tener acomodo en la literalidad que se contempla como una obligación la reducción de la misma, manifestando que “conllevará que exista un empleo público temporal, incluso estructural, que atienda las vicisitudes a las que el sector público debe dar respuesta…” Esta afirmación, va contra el espíritu que se contempla en la vigente Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, que por cierto, la comunidad autónoma de Canarias es una de las que más retraso tienen en su aplicación.
Entendemos desde UGT Servicios Públicos Canarias que debe quedar expresamente en el ámbito de aplicación de excepción el personal de la Administración de Justicia.
Se dio traslado igualmente de una propuesta de modificación sobre el Cuerpo de Agentes de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de Canarias, para integrar en los grupos C, B y A de la vigente normativa sobre Función Pública.
