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Transferencia de la competencia sobre costas del gobierno central a la comunidad

UGT-SP de Canarias exige una explicación sobre el futuro de los empleados/as de costas

Desde principios de este año 2022 se han estado publicando informaciones referentes al proceso de negociación entre el Gobierno de Canarias y el Ejecutivo central para acordar la transferencia de parte de las competencias, recursos y personal en materia de Costas.

Durante todo este proceso la información trasladada al conjunto de trabajadores afectados, así como a su representación sindical, ha sido totalmente insuficiente.

En las pocas ocasiones que los representantes de las dos administraciones se han dirigido a los trabajadores o han dado audiencia a representantes sindicales de éstos ha quedada de manifiesto que la problemática, que esta transferencia pueda ocasionar al personal destinado en la demarcación de costas, es secundaria respecto a los problemas económicos, de instalaciones o el encuadramiento legal, limitándose a señalar que la transferencia es del 27% , porcentaje que será transferido de la plantilla actual de la demarcación de costas en Canarias.

Más allá de las disputas que pueda haber entre administraciones a la hora de concretar las condiciones del traspaso de competencias, el que el destino profesional de los empleados públicos afectados sea un debate secundario frente al mobiliario de oficina o los vehículos transferidos, lleva a estos empleados a la desafección y al malestar de sentirse olvidados por las administraciones, sabiendo que es precisamente el trabajo de estos empleados el aspecto fundamental de la vigilancia del medio costero, materia sobre la que teóricamente se debe estar debatiendo.

En cuanto a la dotación concreta de personal que el Ministerio de Transición Ecológica tiene destinado en las dos provincias canarias, así como a la parte proporcional de esa plantilla que es susceptible de ser transferida a la Comunidad Canaria, manifestamos lo siguiente:

El organismo estatal está infra dimensionando, hasta el punto que incluso obliga a los inspectores de costas a realizar sus funciones trabajando en solitario, corriendo riesgos de incidentes o accidentes difíciles de gestionar al no tener compañía.

Aún más en Canarias este déficit es mayor, pudiendo comprobarse al cotejar las plantillas destinadas con los kilómetros de costa sobre los que se debe actuar.

Además, sin lugar a dudas, Canarias es la comunidad autónoma con mayor dispersión territorial, al distribuirse esa costa entre 8 islas, lo que dificulta la distribución de los empleados públicos para atender las necesidades de servicio.

Ante esto no podemos más que manifestar que la previsión de transferencia de un 27 % desempleados no es un planteamiento realista sobre el que se pueda diseñar un servicio de vigilancia de costas viable de ámbito autonómico por lo que llamamos a las dos administraciones a tener presente la realidad laboral de los empleados públicos del servicio de costas en Canarias y su conocimiento de las condiciones de trabajo, así como recordarles que las carencias descritas no pueden, en ningún caso, pretenderse solventar con el aumento de las cargas de trabajo de esos empleados, cargas que como decimos ya están al límite de toda lógica.

 

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