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UGT denuncia que el grupo de trabajo de temporalidad no se reúne desde hace 82 días.

UGT denuncia que el grupo de trabajo de temporalidad no se reúne desde hace 82 días.

Sanidad deja pasar en blanco el primero de los 6 meses que tiene para adaptar el decreto de interinos

Los sindicatos urgen la convocatoria del Grupo de Temporalidad

UGT denuncia que el Grupo de Trabajo de Temporalidad no se reúne desde hace 82 días y que el ministerio no ha hecho «ni una sola propuesta concreta». La ministra de Sanidad tiene hasta el próximo 8 de julio para adaptar al SNS el contenido del decreto de temporalidad aprobado el pasado diciembre

Uno de seis y bajando. Exactamente un mes después de que el Boletín Oficial del Estado publicase el contenido de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, más conocido como decreto de temporalidad o decreto de interinos, el Ministerio de Sanidad no ha movido ficha alguna para adaptar el Estatuto Marco, la norma que regula las condiciones laborales del personal estatutario en el SNS, a ese decreto. Y tiene hasta el 8 de julio para hacerlo. Y hay mucha tela que cortar, le recuerdan los sindicatos.

Algunos, de hecho, como UGT Servicios Públicos, se lo recuerdan a la ministra de Sanidad, Carolina Darias, por carta, como la que ayer le remitió Ana Francés, secretaria del sector Salud, Sociosanitario y Dependencia de UGT Servicios Públicos, una carta en la que UGT reclama la convocatoria urgente del Grupo de Trabajo de Temporalidad, uno de esos grupos que tan aficionada parece la Administración a crear, pero que luego hay que dotar de contenido, o al menos permitir que se reúna. Éste, en concreto -dice Francés en su carta-, se ha reunido dos veces, «a título meramente protocolario y sin avance alguno». La última reunión tuvo lugar, de hecho, el pasado 11 de noviembre, antes de la publicación en el BOE de la Ley 20/2021. De ahí que poco más que la foto…

Darias ha convocado dos reuniones «meramente protocolarias y sin avances»

Y el tiempo sigue corriendo… y los plazos de resolución, acortándose. El decreto de temporalidad, que impulsó inicialmente el ministro Miquel Iceta y heredó luego María Jesús Montero, deja muy claro que el Ministerio de Sanidad dispone de 6 meses (exactamente, hasta el 8 de julio de 2022) para adaptar el Estatuto Marco a la modificación que el decreto de temporalidad introduce en el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), y concretamente para revisar dos de sus artículos, el 9 y el 33, que regulan, respectivamente, la figura del eventual y la selección del personal temporal, dos viejos conocidos en las relaciones laborales que rigen actualmente en el SNS.

Y esa -le recuerdan al unísono los sindicatos sanitarios a Carolina Darias- es sólo la primera parte del ingente trabajo que el ministerio tiene por delante durante estos ya cinco meses. Luego hay que definir los términos de los dos procesos extraordinarios de estabilización laboral que prevé el decreto: el concurso-oposición al que podrán optar todas las plazas ocupadas de forma temporal e ininterrumpida en los 3 años anteriores al 31 de diciembre de 2020 y el concurso de méritos («excepcional y único») para las plazas ocupadas -también de forma temporal e ininterrumpida- con anterioridad al 1 de enero de 2016. El paso previo, claro, es identificar y publicar todas y cada una de las plazas que, sobre el papel, podrían optar a ambos procesos extraordinarios de estabilización laboral, y hacerlo en todos y cada uno de los servicios de salud.

Pero es que, además, el texto del decreto prevé (disposición adicional cuarta) que las administraciones autonómicas articulen bolsas específicas de personal funcionario interino o de personal laboral temporal («o su integración en las bolsas ya existentes») para todos aquellos profesionales que no superen los procesos selectivos. En efecto, mucha tela que cortar.

Y los plazos que fija la norma están muy tasados. Todas las plazas deben estar identificadas (y publicadas) antes de ese 8 de julio de 2022, y poco más de seis meses después, el 31 de diciembre de 2022, deberían estar oficialmente convocados todos los procesos de estabilización. Antes de finales de 2024 deberían adjudicarse las nuevas plazas y dar por finalizado el proceso.

¿Qué ha hecho hasta ahora el Ministerio de Sanidad? La carta que ayer le remitió Francés a Darias deja lugar a pocas dudas: «Urge la convocatoria del grupo de trabajo con el perfil de seriedad que merece, y propuestas concretas y rigurosas por parte del Ministerio de Sanidad (que todavía no ha presentado ninguna) que sirvan de base para la negociación y, esperemos, para un posible acuerdo».

El Sermas recuerda que los plazos están «muy ajustados» y que queda mucho trabajo

La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), muy escéptica con el contenido del decreto, ya avanzó en su momento que los seis meses inicialmente previstos le parecían «claramente insuficientes» para intentar consensuar un proceso «homogéneo y único» en el SNS, máxime cuando hablamos de un sector con un índice de temporalidad muy por encima de otros ámbitos de la Administración pública y con situaciones muy dispares en cada una de las 17 autonomías.

Pero no sólo son los sindicatos los que avisan de que el proceso encarna muchas dificultades. Fuentes de la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (Amyts), el sindicato mayoritario en la Mesa Sectorial de Sanidad de Madrid, aseguran que la Dirección de Recursos Humanos del Servicio Madrileño de Salud (Sermas) admitió en la última reunión de ese órgano de negociación, celebrada el pasado 26 de enero, que «los plazos están muy ajustados» y que el proceso de identificación y aprobación de las plazas y de publicación de las OPEs «va a requerir muchas reuniones». Y ese proceso se tiene que repetir en todas las comunidades.

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Según las mismas fuentes de Amyts, la Dirección de Recursos Humanos del Sermas entiende que la «principal dificultad» radica precisamente en la identificación de las plazas que formarían parte de los procesos de estabilización, «por la ausencia de un sistema centralizado de datos» que obligaría a confeccionar el listado de plazas con los datos que vayan facilitando los distintos centros sanitarios. Y ese proceso también se tiene que repetir en todo el SNS.

Por si fuera poco, la norma publicada en el BOE, la que el departamento de Darias tiene cinco meses (… y bajando) para adaptar al SNS, obliga expresamente a las administraciones públicas (por tanto, comunidades autónomas, pero también el Gobierno central a través de sus ministerios) a «asegurar el cumplimiento del plazo establecido para la ejecución de los procesos selectivos mediante la adopción de las medidas apropiadas para el desarrollo ágil de los procesos selectivos». Y cita algunas de esas «medidas apropiadas» para agilizar: «reducción de plazos, digitalización de los procesos o acumulación de pruebas en un mismo ejercicio, entre otras».

Revisión íntegra del Estatuto

Los requerimientos sindicales al ministerio para que se ponga las pilas no son nuevos. Apenas unas horas después de que el BOE publicase el decreto, la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO (FSS-CCOO) ya instaba al equipo de Darias a convocar «inmediatamente» a la Comisión de Recursos Humanos del SNS para avanzar en la fijación de «criterios generales transversales y homogéneos» para los procesos selectivos. CCOO también le recordaba a Sanidad la obligación de convocar al Ámbito de Negociación (que reúne a representantes de todos los sindicatos). Más de un mes después, no se ha convocado ni a una ni a otro.

En su carta a la ministra, Francés recuerda que de no cumplirse los plazos fijados por el decreto de temporalidad, se aplicaría directamente el contenido del EBEP al ámbito sanitario, «algo que sería claramente contraproducente, dado que el personal estatutario tiene su propia normativa específica», apunta la responsable sindical de Sanidad. Aun así, UGT aprovecha la misiva para recordarle a la titular del ministerio que, temporalidad al margen, el Estatuto Marco «precisa de una revisión más profunda para actualizar y modernizar unos contenidos que respondan a las expectativas socioeconómicas y profesionales del personal estatutario».

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