Tema a tratar: Protocolo de intervención ante riesgo suicida detectado en instituciones educativas de Canarias
Con motivo de la mesa técnica celebrada con la Consejería de Educación y organizaciones sindicales el jueves 23 de julio de 2026 sobre la actualización del protocolo de intervención ante riesgo suicida detectado en instituciones educativas de Canarias, desde nuestra organización consideramos que la aplicación de este protocolo atribuye al profesorado, a los orientadores y orientadoras, y a los equipos directivos de los centros educativos responsabilidades que, por su naturaleza, deberían corresponder a profesionales especializados en el ámbito sanitario y social. También se establece que el personal de los centros pueda verse implicado en actuaciones como la activación del protocolo, la aplicación de herramientas de evaluación como la escala Columbia de evaluación de la gravedad del riesgo suicida o el seguimiento de los casos o la valoración del cierre del proceso.
Estas actuaciones sitúan al personal de la Consejería de Educación en una posición para la que ni han sido formados ni les corresponde asumir desde el punto de vista profesional, trasladándoles responsabilidades que no forman parte de su función docente ni de orientación educativa. Consideramos que es responsabilidad de la Consejería de Educación proteger a sus trabajadores y trabajadoras, garantizando que no se les atribuyan funciones ni responsabilidades que excedan sus competencias profesionales y que puedan generar riesgos jurídicos o personales derivados del ejercicio de su labor.
Además, el protocolo genera una grave inseguridad jurídica para el profesorado y los profesionales de orientación, al atribuirles responsabilidades en un ámbito extremadamente sensible como es la salud mental infanto-juvenil. Tal y como está planteado, estos profesionales pueden verse expuestos a reclamaciones por parte de las familias o incluso a posibles responsabilidades jurídicas y penales en caso de desenlaces fatales, sin que exista un marco claro de protección institucional por parte de la Administración educativa.
A todo ello se añade que la implantación de este protocolo se ha realizado sin crédito horario para el personal implicado, lo que conlleva una sobrecarga añadida para los centros educativos. Esta situación afecta especialmente a los coordinadores y coordinadoras de bienestar, a los equipos directivos, a los orientadores y orientadoras, tutor/a y al propio profesorado, que ven incrementadas sus responsabilidades sin que se hayan establecido medios adecuados para asumirlas.
Desde UGT SP Canarias consideramos que el papel del profesorado debe centrarse en la detección y comunicación de señales de alerta, así como en el acompañamiento educativo del alumnado.
Consideramos imprescindible la implicación directa de las Consejerías competentes en materia de Sanidad y Bienestar Social, no solo participando formalmente en el protocolo, sino asumiendo un compromiso real mediante la dotación de recursos humanos y económicos suficientes para abordar adecuadamente este grave problema social. No es posible afrontar de manera eficaz la salud mental del alumnado en los centros educativos sin la participación activa de profesionales de la salud mental y sin la coordinación real entre las administraciones educativas, sanitarias y sociales.
Asimismo, la referencia a la enfermería escolar como posible apoyo resulta claramente insuficiente, dado que este recurso no está generalizado en todos los centros educativos del archipiélago, solo en 13 centros y, en cualquier caso, no constituye el perfil profesional más adecuado para asumir la intervención especializada que requieren estas situaciones.
Además, tal y como está planteado actualmente el protocolo, la derivación a los servicios sanitarios termina recayendo en gran medida sobre las familias, lo que evidencia la ausencia de una respuesta institucional estructurada desde los sistemas públicos de salud y servicios sociales.
Desde UGT Servicios Públicos Canarias reiteramos que la preocupación por la salud mental del alumnado es compartida, pero no puede abordarse trasladando al profesorado responsabilidades que corresponden a profesionales especializados ni generando inseguridad jurídica en el ejercicio de la función docente.
Por todo lo expuesto, solicitamos:
- La paralización cautelar de la implantación del actual protocolo hasta que se revise su actualización.
- La implicación efectiva de las Consejerías de Sanidad y Bienestar Social, con la dotación de recursos humanos y económicos específicos para abordar el problema del suicidio infanto-juvenil.
- La adopción de medidas que garanticen la seguridad jurídica y la protección institucional del profesorado y de los profesionales de orientación.
