UGT defiende en el Parlamento una Ley de Autoridad Docente con garantías reales, recursos y protección automática
UGT Servicios Públicos Canarias ha comparecido ante la Comisión de Educación del Parlamento de Canarias en el marco de la tramitación de la Proposición de Ley del Docente como Autoridad Pública, defendiendo que la futura norma debe ir mucho más allá de una declaración simbólica y convertirse en una herramienta eficaz de protección real al profesorado.
La organización sindical ha valorado positivamente la iniciativa legislativa, pero ha advertido de que la autoridad docente ya está reconocida en la normativa vigente. El verdadero reto no es crear una nueva figura jurídica, sino garantizar que esa autoridad tenga desarrollo operativo, automatismos claros y respaldo presupuestario suficiente.
Defensa jurídica automática y medidas inmediatas
UGT ha sido contundente al exigir que la ley contemple la activación automática de la asistencia jurídica en un plazo máximo de 24 horas desde que se comunique un incidente relacionado con el ejercicio profesional.
La defensa del profesorado debe ser institucional, no individual. Esto implica:
- Asistencia letrada inmediata.
- Cobertura completa de responsabilidad civil.
- Medidas organizativas cautelares que protejan al docente mientras se tramitan los procedimientos.
- Protección frente a denuncias infundadas o situaciones de exposición pública.
El sindicato ha señalado que la autoridad pública pierde sentido si el profesorado debe afrontar en solitario procedimientos derivados del ejercicio legítimo de su función.
Actualización del marco de protección
UGT ha recordado que Canarias dispone desde 2009 de un protocolo específico para agresiones físicas al profesorado. Sin embargo, la realidad actual exige ampliar ese marco para incluir amenazas graves, agresiones verbales y digitales, así como garantizar mecanismos homogéneos de coordinación ante cualquier situación con posible relevancia penal.
Apoyo psicológico y prevención estructural
La organización ha defendido la creación de unidades públicas de apoyo psicológico con implantación efectiva en todas las islas, integradas en un plan autonómico de prevención de riesgos psicosociales.
“La protección del profesorado no es solo una cuestión jurídica; es también una cuestión de salud laboral y de sostenibilidad del sistema educativo”, ha subrayado UGT.
Asimismo, el sindicato ha propuesto la creación de una Red Canaria de Convivencia que refuerce el enfoque preventivo y articule formación, coordinación de protocolos y apoyo a los centros educativos.
Reconocimiento profesional y dimensión retributiva
UGT ha insistido en que no puede hablarse de autoridad sin reconocimiento profesional y retributivo acorde a la responsabilidad que asume el profesorado.
El sindicato ha reclamado la revisión de los complementos asociados a funciones directivas, tutorías y desarrollo profesional, así como el impulso real de la carrera docente.
“La dignificación profesional exige coherencia entre responsabilidad y reconocimiento”, ha señalado la organización.
Igualdad dentro del sistema educativo
En relación con la enseñanza concertada, UGT ha defendido que el profesorado que presta servicio en centros sostenidos con fondos públicos debe quedar plenamente incluido en las garantías previstas por la ley, evitando desigualdades dentro del sistema educativo canario.
Evaluación, datos y financiación
Entre las propuestas presentadas destaca también la creación de un registro autonómico de incidencias que permita disponer de datos objetivos para diseñar políticas públicas basadas en evidencia.
Además, UGT ha solicitado que la ley incluya un mecanismo de evaluación anual con informe público ante el Parlamento de Canarias y seguimiento en los órganos correspondientes.
Finalmente, el sindicato ha advertido de que cualquier norma requiere memoria económica suficiente y creación de plazas públicas específicas para asegurar su aplicación real en todo el archipiélago.
Una oportunidad que no puede desaprovecharse
UGT ha recordado que tanto el Consejo Consultivo como el Consejo Escolar han señalado que el impacto real de la ley dependerá de su desarrollo práctico y de la dotación de recursos adecuados.
“No estamos ante una ley para responder a un escenario alarmista, sino ante una oportunidad para reforzar institucionalmente la función docente en un contexto de creciente complejidad. Sin garantías reales y sin financiación suficiente, será solo un titular”, ha concluido la organización.
UGT Servicios Públicos Canarias continuará participando activamente en la tramitación parlamentaria para asegurar que la futura ley se convierta en una herramienta eficaz de protección y respaldo al profesorado.
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