Tema a tratar: Incorporación de psicólogos/as en el ámbito educativo. Curso: 2026/2027
Con motivo de la mesa técnica celebrada con la Consejería de Educación y organizaciones sindicales el jueves 23 de julio de 2026 sobre la contratación de psicólogos/as educativos en el próximo curso: 2026/2027, UGT SP Canarias valora el incremento de estos puestos, pero critica la improvisación con la que se ha desarrollado el procedimiento.
En la mesa técnica celebrada hoy, la Consejería de Educación ha anunciado que el número de psicólogos/as educativos para el próximo curso se incrementará de los 39 inicialmente planteados hasta un total de 80 puestos.
Desde UGT Servicios Públicos Canarias valoramos positivamente cualquier medida que suponga reforzar los recursos humanos del sistema educativo y mejorar la respuesta a las necesidades de los centros. No obstante, lamentamos que esta ampliación del número de puestos no se comunicara con la debida antelación ni a las organizaciones sindicales ni al profesorado afectado por el procedimiento de adjudicación de destinos.
Desde nuestra organización sindical denunciamos que este procedimiento se ha llevado a cabo de forma improvisada, sin la planificación ni la negociación necesarias para garantizar su correcta implantación.
UGT SP Canarias considera que estas plazas con características tan específicas deberían haberse regulado con suficiente antelación, definiendo de manera clara y precisa sus funciones, el perfil profesional requerido, los criterios de adjudicación y las condiciones de desempeño. La ausencia de esta información ha generado incertidumbre entre el profesorado y ha dificultado la transparencia del procedimiento.
Nuestra organización seguirá defendiendo todas aquellas medidas que contribuyan a fortalecer la educación pública, pero también exigirá que cualquier cambio organizativo se desarrolle mediante procesos planificados, negociados y con las máximas garantías para el profesorado y para el conjunto de la comunidad educativa.
Desde UGT SP Canarias reiteramos nuestra disposición a trabajar con la Administración para mejorar este procedimiento de cara a futuras convocatorias, garantizando que los puestos ofertados respondan realmente a las necesidades del sistema educativo y cuenten con una regulación clara y consensuada.
